La agencia de calificación de riesgo considera que las autoridades económicas de Ecuador afrontan una “considerable resistencia” para la aprobación de reformas estructurales urgentes. Moody’s Investors Service rebajó la calificación de riesgo de la deuda de Ecuador de B3 a Caa1 y ha cambiado la perspectiva de negativa a estable.
Esto coloca a los papeles de la deuda soberana de Ecuador en el terreno de los bonos basura.
En la escala de Moody’s las obligaciones Caa son especulativas, se encuentran en una mala posición y tienen un riesgo crediticio muy alto.
La agencia dice que la baja se debe a que el acceso de Ecuador al mercado internacional de capitales permanecerá restringido mientras que el país tiene un cronograma de vencimientos (de la deuda externa) muy desafiante, comenzando en 2022. Y destaca que el Gobierno enfrenta una resistencia considerable frente a la adopción de reformas estructurales urgentes. Estos dos factores tienen un impacto negativo sobre el potencial de crecimiento de la economía y añaden más desafíos a la sostenibilidad de la deuda ecuatoriana, a la vez que complican el acceso del país al mercado internacional de capitales. Se trata de un golpe para el equipo económico del Gobierno de Lenín Moreno, que aspiraba a que las agencias de calificación de riesgo mejoraran el rating de Ecuador, tras haber logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a inicios de 2019. La demora en las reformas Sin embargo, el hecho de que la perspectiva haya pasado de negativa a estable muestra, dice Moody’s, que las autoridades persisten en su intención de mantener los esfuerzos para alcanzar una consolidación fiscal de manera gradual. Y que los riesgos de repago de la deuda siguen “contenidos” al menos para el periodo 2020-2021, dado que en ese lapso no hay grandes volúmenes de créditos llegando a su fecha de vencimiento.
La agencia destaca la firma del acuerdo de facilidad extendida con el FMI, “lo que resultó en una situación de liquidez más favorable para Ecuador”. Pero advierte a renglón seguido que hay demoras en la aprobación de las reformas acordadas en el programa, lo que redunda en que al país todavía le resulte costoso financiarse a través de deuda soberana, pues no genera la suficiente confianza entre los inversionistas externos. ¿Qué produce la desconfianza? Moody’s dice que el Gobierno logró que la Asamblea aprobara una reforma tributaria en diciembre, que incrementará los ingresos del Estado en un 0,5% del PIB este año y lo mismo en 2021, un nivel que está por debajo de las metas de 0,7% del PIB en 2020 y de 0,6% del PIB en 2021 originalmente acordadas con el FMI. Además, “ninguna medida fue tomada en 2019 para mitigar una parte de la pérdida de ingresos tributarios que se desprende de una economía que apenas creció 0,5% el año pasado”, dice el reporte. El resultado es que la pérdida de ingresos por recaudación tributaria el año pasado fue “mayor que lo que las autoridades y el FMI habían previsto”. Dada esta pérdida de ingresos, dice Moody’s, el déficit fiscal del Gobierno Central se amplió marginalmente a 3,8% del PIB en 2019 comparado con el 3,6% de 2018. El financiamiento del FMI y otros esfuerzos serán un apoyo importante para que Ecuador pueda cubrir sus necesidades de financiamiento, pero el país afronta una “considerable incertidumbre” después de 2021, dados los fuertes vencimientos de deuda que vienen en 2022.
Ecuador ha estado sujeto a abruptos cambios de percepción del mercado, lo que se evidencia en los saltos que ha dado el índice de riesgo país, agrega Moody’s.
La inestabilidad en el riesgo país, que es un indicador que entre más alto muestra una mayor desconfianza del mercado sobre la capacidad de una nación de pagar su deuda externa, es una señal de la fragilidad del acceso de Ecuador a los mercados. Ecuador necesita emitir bonos soberanos en el mercado internacional para hacer frente a unas necesidades de financiamiento que Moody’s estima llegarán a ser equivalentes a entre el 7% y el 8% del PIB en el caso del Gobierno Central en 2023. Todo esto a pesar de los esfuerzos de ajuste fiscal. Es decir, la calificadora ve a un país al que lentamente se le cierran las opciones para financiarse con deuda emitida en el mercado de capitales, a la vez que necesita fuentes de recursos en un contexto de bajo crecimiento económico y de fuertes vencimientos de deuda que se aproximan.
